El abogado y académico se refirió al tema durante el conversatorio “Políticas e instituciones de derechos humanos en Chile. Balances, desafíos y controversias en tiempos de cambios políticos", que organizaron las escuelas de Psicología y de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso para conmemorar los 53 años del golpe de Estado de 1973.
El exministro de Justicia y de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que actualmente en Chile, al igual que en otros países y escenarios globales, se aprecia un intento coordinado para desmantelar el concepto mismo de los derechos humanos que va más a allá de la mera intención de debilitar o diluir las iniciativas vinculadas a la defensa, promoción y conservación de los actos y espacios de memoria.
El abogado y actual director del Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se refirió al tema durante el conversatorio “Políticas e instituciones de derechos humanos en Chile. Balances, desafíos y controversias en tiempos de cambios políticos", que organizaron las escuelas de Psicología y de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso para conmemorar los 53 años del golpe de Estado de 1973.
En el encuentro también participaron Mariana Zegers, escritora, docente e integrante del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y el académico y politólogo Omar Sagredo, investigador postdoctoral del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos (CEI-CPMDH) de esta casa de estudios.
La actividad tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales y reunió a un centenar de docentes, estudiantes y público general. Entre los asistentes figuraron, entre otras autoridades académicas, el vicerrector de Investigación e Innovación, Fuad Hatibovic; el decano Gonzalo Lira; el director de la Escuela de Psicología, Carlos Varas, y el director de la Escuela de Administración Pública, Eduardo Muñoz, quien hizo las veces de presentador.
Contextos y justicia transicional
Durante su intervención, el exsecretario de Estado durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric afirmó que para comprender bien los debates sobre memoria, derechos humanos y democracia es indispensable analizarlos dentro de sus contextos específicos y en el marco de la justicia transicional.
En el caso particular de nuestro país, Cordero sostuvo que la sociedad chilena procesó inicialmente las violaciones estatales a los derechos humanos priorizando la búsqueda de verdad y la acción judicial, lo que postergó la construcción de una política pública de memoria.
Al respecto, el abogado y académico argumentó que la Comisión Rettig logró recabar cuantiosa información en un periodo muy breve, gracias al trabajo previo de la sociedad civil y de jóvenes investigadores. No obstante, la presentación de su informe y el pedido de perdón presidencial que la acompañó generaron en su momento una fuerte reacción adversa en el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el mundo político.
A raíz de esta tensión y de la posterior detención del general Augusto Pinochet en Londres, Cordero explicó que el esclarecimiento de la verdad quedó prácticamente confinado al ámbito judicial. No obstante, acotó que el Informe Valech sobre prisión política y tortura permitió ampliar el conocimiento público de los testimonios y los centros de detención.
Debido a esta trayectoria de acontecimientos, el exministro afirmó que el trabajo de memoria recayó de manera casi exclusiva en organizaciones de la sociedad civil y en las familiares de las víctimas, mientras la respuesta del Estado se volvió lenta y tardía —simbolizada posteriormente en la creación del Museo de la Memoria— y se limitó mayoritariamente a otorgar financiamiento a sitios de recordación sin asumir una promoción activa, dejando la gestión de estos espacios sujeta a las coyunturas de cada gobierno.
En definitiva, y a la luz de lo señalado, Luis Cordero aseveró que las sociedades que atraviesan procesos de justicia transicional enfrentan el desafío permanente de equilibrar verdad, justicia y memoria para garantizar la no repetición, ejercicio que en el caso de Chile —en su opinión— ha sido más bien coyuntural y continúa siendo una discusión abierta con miras al futuro.
Impunidad biológica
En tanto Mariana Zegers, en su condición de familiar de víctimas e integrante del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, planteó sus reparos a la forma en la que el Estado chileno ha enfrentado a lo largo de las décadas el tema de las violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1989, lo que ejemplificó en la entrega de las carpetas del Informe Rettig a las familias recién en 2025, tras 35 años, y en la tardanza con la que a su parecer ha actuado el sistema judicial.
Por lo anterior, la escritora y docente afirmó que estos dos aspectos dejan en evidencia una preocupante “impunidad biológica”, la que entre otras cosas contribuye a que víctimas y victimarios fallezcan sin verdad ni justicia, prolongando así los dolores y traumas de los sobrevivientes y sus seres queridos, a través de las generaciones, debido a la persistencia de pactos de silencio.
Sobre esta base, planteó la necesidad de concebir la memoria como un derecho fundamental para la democracia, más todavía ante el resurgimiento de lo que calificó como “el falso dilema entre seguridad y libertad”, que para ella propugnan algunos sectores políticos.
En línea con eso, Zegers dijo que la memoria debe transitar de un mero deber a una política pública basada en el derecho, al tiempo que enfatizó que recordar la violencia estatal y el abuso de poder resulta clave para prevenir la erosión de las instituciones democráticas y el avance de derivas autoritarias, pues la seguridad no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos humanos.
Asimismo, la representante de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi adujo que los avances en verdad, justicia y recuperación de sitios de memoria han sido un logro histórico de la sociedad civil organizada y las agrupaciones de familiares. Sin embargo, retrucó que estos espacios atraviesan por una severa precarización al depender de fondos concursables y de la negociación presupuestaria de turno, a lo que sumó algunas amenazas actuales "como la erosión de instituciones protectoras de derechos humanos, la falta de una educación profunda en derechos humanos, el auge del negacionismo y las propuestas de indultos para violadores de derechos humanos, tanto de la dictadura como del estallido social".
Ante este escenario, Zegers concluyó que las organizaciones y sitios de memoria deben reafirmarse en su compromiso de sostener la pedagogía, la reparación simbólica y las garantías de no repetición.
Disputa conceptual
Tras estas dos exposiciones intervino el académico y politólogo Omar Sagredo, doctor en Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad, quien moderó el conversatorio.
Tras enumerar algunos de las medidas adoptadas por el actual Gobierno respecto a las políticas de derechos humanos, entre las cuales mencionó el retiro del tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, el freno a la expropiación de Colonia Dignidad y la remoción de las jefaturas claves del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el investigador postdoctoral del CEI-CPMDH de la Universidad de Valparaíso comentó que actualmente lo que se observa es una disputa conceptual en esta materia, que a su parecer no se vincula con la justicia y la memoria, sino con la seguridad y el orden.
Atendiendo este fenómeno, el profesor Sagredo invitó tanto a Cordero como a Zegers a dar su opinión sobre este eventual cambio, cómo ellos observan el escenario contemporáneo y cómo leen la visión política de la actual derecha, a nivel nacional y global.
Frente a estas interrogantes, el exministro coincidió en cuanto a la existencia de una disputa conceptual profunda en torno al significado de los derechos humanos, la que para él abarca tres objetivos.
El primero, intentar despojar a los derechos humanos de su carácter de dignidad universal, para presentarlos como un programa ideológico o una bandera exclusiva de la izquierda. El segundo, promover una rivalidad entre grupos, instalando falsos dilemas como la defensa de los derechos de los delincuentes frente a los de las víctimas, o apelando a la libertad de expresión para oponerse a las demandas de minorías y sectores vulnerables. Y, el tercero, reescribir la gramática de los derechos humanos mediante una revisión de la historia que percibe a la memoria, sus sitios y sus organizaciones como una amenaza.
Para Cordero, todo esto conduce a la banalización y distanciamiento de los crímenes estatales, y reedita la lógica de “los dos demonios” para justificar el contexto en que se cometieron.
Finalmente, el abogado y actual director del Observatorio de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, advirtió que este fenómeno trasciende la coyuntura chilena y responde a una tendencia global crítica.
“Lo grave del escenario actual no es únicamente el debilitamiento o la dilución de iniciativas específicas de memoria, sino un intento coordinado por desmantelar el concepto mismo de los derechos humanos”, sentenció.
Los comentarios de Cordero fueron complementados por Mariana Zegers, quien a su vez identificó la existencia de lo que calificó como “una profunda crisis de fondo en la conceptualización de los derechos humanos”, desencadenada por deficiencias educativas, la sobreexposición mediática que trivializa la violencia y la aparente debilidad del sistema internacional para detener los grandes conflictos actuales.
Desde esa perspectiva, añadió que para ella la preocupación mayor radica en el hecho de que, además, la ultraderecha busca desmantelar la institucionalidad de los derechos humanos a nivel global, escenario que denunció como grave y complejo, y frente al cual destacó el valor de la resistencia histórica y la necesidad de que la sociedad civil organizada, la academia, el mundo intelectual y la ciencia asuman un rol activo para evitar que ese propósito se concrete.
Testimonios
El programa del conversatorio incluyó un panel con las reflexiones y testimonios que brindaron, los representantes de la Fundación Proyecto Lebu-Colliguay y expresos políticos Antonio Oyarzo, Carlos Olivares y Ricardo Aravena, quienes el 11 de setiembre de 1973 fueron apresados y detenidos.
Cada uno de ellos dio a conocer su experiencia y padecimientos como detenidos en el predio agrícola ubicado en el sector de Colliguay, ubicado en comuna de Quilpué; en la entonces base aeronaval del Belloto, y en la cárcel flotante en que fue convertido el buque mercante Lebu, que para esa fecha se encontraba anclado en el molo de abrigo del puerto de Valparaíso.
Los tres relataron las torturas psicológicas que sufrieron, los apremios físicos a los que fueron sometidos —y lo que también vivieron sus amigos u otras personas que conocieron en esos recintos— y los trabajos forzados que fueron obligados a ejecutar.
A ellos se sumó Alonso Matus, familiar de uno de los representantes de dicha fundación, quien abogó por la promoción y el apoyo a este tipo de entidades, como una manera de mantener viva la memoria en el tiempo, ya que "es de corta duración y corre el riesgo de quedar en el olvido, si no se la rescata y mantiene viva de manera permanente".
También participó en la actividad el poeta popular y artesano de Valparaíso Carlos Muñoz “El Diantre”, quien recitó una décimas ante los asistentes.
Homenaje de estudiantes
Previo al conversatorio, el Centro de Estudiantes de la Carrera de Psicología de la UV realizó una actividad en homenaje y recuerdo de 24 estudiantes de educación superior de Valparaíso que fueron detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 y murieron ese día o en fechas posteriores al golpe de Estado. La foto de cada uno de ellos fue colocada sobre una silla, junto con un clavel. Sus nombres fueron leídos en voz alta y se interpretaron canciones en su memoria.
