*Doctora Silvia Borzutzky, de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburg, expuso sobre características y desafíos del sistema.
Un completo panorama sobre el tema “El sistema previsional chileno y sus desafíos”, expuso en su conferencia la doctora Silvia Borzutzky, académica de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburg, Estados Unidos, invitada por el Núcleo Protección Social en las Diversas Etapas del Curso de la Vida, del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social UV.
La charla, que incluyó una importante cantidad de preguntas del público, fue moderada por la doctora Marlene Araya, coordinadora del Núcleo. Fue presentada por el doctor Rodrigo Cabrera y consideró un saludo del director de la Escuela de Trabajo Social, doctor Mauricio Ureta, quien destacó la relevancia de abordar este tema, ya que el país ha sufrido mucho el impacto de la desigualdad, a la vez que es apremiante revisar el tema previsional en Chile.
También intervino la doctora Elena Salum, coordinadora del Observatorio, quien destacó que “la reflexión académica sobre las causas y los desafíos que se presentan en Chile en materia de desigualdad, constituyen nuestro foco de atención y de trabajo”, por cuanto la desigualdad ha sido un rasgo negativo compartido históricamente por las sociedades contemporáneas, y un obstáculo para el desarrollo social inclusivo. Al ser pasado y presente, dijo la profesora Salum, la desigualdad es influida por varios ejes estructurantes que deben resolverse, entre los que se cuenta el acceso desigual a la protección social.
Al introducir al tema, la moderadora expuso una síntesis de la situación de la seguridad social, tema de debate nacional desde hace años. En resumen, explicó: en 1981 se inició el sistema de capitalización individual, y en 2006 se constituyó una comisión para estudiar y plantear soluciones a lo que ocurría con las pensiones: algunas personas quedaban sin pensión y otras no alcanzaban una pensión mínima, sobre todo entre las mujeres. Se llegó en 2008 a la Reforma Previsional, Ley 20.255, que agregó la Pensión Básica Solidaria para quienes no poseían cotizaciones, y el Aporte Previsional Solidario, consistente en un aumento a quienes a pesar de haber impuesto quedaban en un tramo de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares. En 2011 se pensionaron las personas que sólo habían cotizado en AFP, enfrentándose a bajas pensiones. Ahí comenzaron las manifestaciones ciudadanas para dar a conocer el desacuerdo con el sistema previsional, y con el estallido social llegó la deslegitimización del sistema.
La conferencia
Luego, se desarrolló la presentación de la doctora Silvia Borzutzky, quien explicó que sus lineamientos básicos serían los siguientes: breve historia del sistema de seguridad social; análisis de la reforma de 1980 con una mirada específica a cobertura, costos de administración y tasas de reemplazo; reformas incompletas; el movimiento social de octubre del 2019, y el impacto del Covid 19.
Sobre el sistema antiguo, destacó la invitada que el sistema previsional previo a las AFP cubría mucha gente pero era desigual y caro, de modo que se requería una reforma, “pero paramétrica, no la que se hizo, que tiene un sistema de contribuciones definido, no beneficios definidos, y que pone la administración de los fondos en manos de compañías que se dedican exclusivamente a esto, las AFP. Esta es una particularidad del modelo chileno. Sí hay AFP en otros lados, pero en otros lados también hay competencia, entonces bancos y otras entidades pueden administrar los fondos”.
A su juicio, indicó Silvia Borzutzky, uno de los grandes problemas del sistema son los costos de administración de las AFP, que destacan a Chile a nivel internacional por ser exorbitantes. Además, el sistema discrimina a las mujeres, por tener salarios bajos, jubilar antes y tener pausas en la vida activa debido a las labores de la maternidad y el cuidado. Añadió que los fondos que manejan las AFP equivalen al 70 por ciento del PIB, lo que es muy alto, pero no se responsabilizan por las inversiones. Sus privilegios les permiten cobrar excesivamente, cobrando además comisiones por costos de administración muy elevadas. En Chile, las ganancias de las AFP son cinco veces más grandes que las de las administradoras en otros países: “De los 4.4 billones de dólares que las AFP han tenido de ganancia, 3.5 billones serían ganancias excesivas”, dijo.
Agregó: hay seis AFP de las doce originales y la competencia es nula. Las pensiones en Chile son muy bajas. Las razones de la impopularidad de las administradoras son claras: altos costos administrativos, bajas contribuciones (diez por ciento) y no hay contribuciones del empleador, lo que es totalmente inusual. El sistema fue creado para proteger a ciertos grupos económicos. A la vez, explicó, la reforma del 2008 no se concretó según se había propuesto, lográndose algunos puntos tales como la Pensión Básica Solidaria, los beneficios especiales para mujeres y la inclusión de trabajadores independientes, pero el Estado paga y las AFP se llevan las ganancias. Esa reforma tiene efectos importantes orientados a reducir la pobreza, pero no son suficientes.
De 2014 a 2020, se establecen las demandas por reformar el sistema. Existe una baja tasa de reemplazo: la proporción del sueldo que la persona recibía mientras trabajaba, en relación a la pensión que va a tener; un hombre tiene 48 pesos de pensión y una mujer, 24. Cerca del 50 por ciento de los jubilados tienen una pensión que equivale al 40 por ciento del salario mínimo, y el Estado debe poner dinero para llegar a una pensión de aproximadamente 133 dólares mensuales para hombres y 105 para mujeres.
La finalidad del sistema, dijo la doctora Borzutzky, era que el Estado no iba a gastar en pensiones, lo que no sucede. Se necesita incrementar las pensiones y subir la tasa de reemplazo. A su juicio, habría que aumentar las contribuciones, tener contribución del empleador y existir una AFP del Estado que compita con las privadas. En 2019 hay manifestaciones sociales que elevan la demanda del sistema previsional, nada se resuelve y luego viene la pandemia, con las demandas por acceso a los fondos. Se decía que los fondos eran de la gente, y retirarlos tiene efectos importantes: si una mujer de 40 años retira diez por ciento, su pensión baja en 5.3 por ciento; si es hombre de esa edad, baja en 4.9 por ciento; a una mujer que tiene salario mínimo, la pensión le baja entre ocho y 18 por ciento, mientras a un hombre con salario mínimo le baja entre 7.3 y trece por ciento. “La lógica del sistema individual se ha destruido, y se seguirá destruyendo cuando veamos el impacto de los otros retiros”, sostuvo. Entre los resultados, aumentará el número de pensiones básicas solidarias y aumentará la pobreza, ya que muchos de los afiliados quedarán sin fondos o con pensiones más bajas.
Para el futuro, concluyó la académica, hay algunas soluciones: hacer modificaciones menores, tales como aumentar las contribuciones en un tres por ciento, un cinco por ciento; hacer modificaciones mayores, considerando al menos un control de los costos administrativos, una contribución del empleador, la creación de una AFP estatal; o una reforma total, con una pensión universal única financiada por el Estado, el empleado y el empleador.
La conferencia está disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Valparaíso, en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=F4qgN8-2Ryo&t=8s. Cabe recordar que esta conferencia tuvo lugar antes de la segunda vuelta de la elección presidencial y antes del proyecto del actual gobierno de la Pensión Garantizada Universal.
La expositora
Silvia Borzutzky es catedrática de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y ha estado en Heinz College desde 2001. Es miembro del consejo editorial de varias revistas, incluidas Social and Public Policy Review, The Journal of Societal and Social Policy y Poverty and Public Policy Journal. Es editora asociada para América Latina de la Revista Internacional de Bienestar Social y se desempeña como editora colaboradora de la sección Chile / Economía Política del Handbook of Latin American Studies publicado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Es vicepresidenta y cofundadora de Poverty and Public Policy Caucus y editora asociada de la Berkshire International Encyclopedia of Social Policy.