Académico de Psicología UV analiza nueva Ley 21.331 de Salud Mental
*Carlos Clavijo se refiere a los desafíos que este cuerpo legal implica para los profesionales del área.
Un análisis sobre los desafíos que implica la Ley 21.331 “Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental”, desarrolló el profesor Carlos Clavijo, de la Escuela de Psicología UV, quien participó como moderador en la última sesión del ciclo de foros organizado por un grupo de instituciones de educación superior y relacionadas a la psiquiatría y la salud mental, y que abordó en nueve jornadas los diversos aspectos de este nuevo cuerpo legal.
El objetivo del ciclo fue contribuir al desarrollo de los reglamentos que deriven de la ley 21.331 a partir del análisis de sus implicancias; identificar los elementos de la ley 21.331 que se deberán introducir a través de modificaciones a otras normas existentes (armonización normativa); evaluar las implicancias de la aplicación de la ley 21.331 para las instituciones públicas y privadas involucradas en la implementación, y abrir un espacio para debatir los principales elementos que fundamentan la necesidad de una ley marco en salud mental planteada por organizaciones de la sociedad civil.
A juicio del doctor Clavijo, varios son los desafíos que enfrentan los profesionales de la salud mental en el marco de la nueva ley: “Creo que el primer desafío es que los profesionales de la salud mental conozcan la ley y que participen en la elaboración de los reglamentos que van a permitir su implementación”.
El segundo desafío, añade, “es de carácter cultural, porque la ley está centrada en garantizar derechos a los pacientes, y en ese sentido se requiere un cambio en términos de cómo se construye la relación médico, terapeuta, trabajador/paciente, en términos de la consideración de este como sujeto de derechos, que tiene que ver desde los derechos a la libertad, a estar informado, hasta los derechos sexuales y reproductivos, todos están considerados todos dentro de la ley. Este cambio cultural, además de la consideración del sujeto de derecho, implica una transformación de las prácticas, en términos de cómo se ofrecen los servicios de salud mental”.
En este sentido, destaca el académico que “la ley da por sentado que el trabajo se hace de forma multidisciplinaria, y el análisis de la ley muestra que el espíritu apunta en la dirección de que este trabajo multidisciplinario sea además colaborativo. En ese sentido, el trabajo actual en salud en general, y en salud mental en particular, tiende a ser más bien jerarquizado, y si bien es multidisciplinario, no tiene este carácter colaborativo, es vertical más que horizontal. De hecho, la estructura jurídica del funcionamiento del área de la salud en la actualidad considera que sólo los médicos pueden activar las Garantías Explicitas de Salud de los pacientes, ningún otro profesional tiene la capacidad de hacer el diagnóstico”.
Enfoque comunitario y trabajo en red
Otro desafío, explica Carlos Clavijo, está relacionado con el cambio cultural: “Tiene que ver con un cambio en el enfoque, que es como se enmarca el trabajo de atención en salud mental para trascender la perspectiva individualista y biomédica para incorporar más fuertemente un enfoque comunitario y de trabajo en red. Es particularmente importante aquí −y este es un desafío que deriva de la ley pero no está especificado en ella− la consideración de los problemas de salud mental en un contexto sociocultural. Parte importante de lo que se sabe sobre lo que produce enfermedad mental tiene que ver con lo que se concibe como condicionantes sociales de la salud, y sabemos que en Chile la pobreza, la violencia, la falta de trabajo, son condiciones que generan más carga de enfermedad mental. Uno de los desafíos que tienen los equipos de salud mental es trascender la idea de que el problema de salud mental es individual y que más bien está en el marco de una vida más compleja de las personas, incluyendo su participación dentro de la comunidad, en el área del trabajo”.
La ley tiene otro desafío, indica el académico: “Un desafío para la formación en salud mental. La ley, al apuntar en esta dirección del cambio cultural, en términos de trascender el enfoque individual y desarrollar trabajo multidisciplinario y colaborativo, supone que hay ciertas brechas en la formación en salud mental en nuestro país. Hay un acuerdo en todas las disciplinas en que hay brechas importantes. La primera, y la más importante, es que la formación profesional debiese apuntar a una práctica basada en la evidencia más que en la tradición o el conocimiento clínico puramente. También se reitera la necesidad de incorporar como fuerza modelos de trabajo que superen lo individual y biomédico, para incorporar más fuertemente lo comunitario. Así también se detectan algunos vacíos importantes de formación en carreras que son parte de los equipos multidisciplinarios, donde no se imparte suficientemente contenidos relativos a salud mental, como son Trabajo Social, Enfermería y Terapia Ocupacional”.
Un último desafío para los profesionales de la salud, señala Clavijo, “es organizarse para demandar más recursos. Implementar una ley de esta naturaleza evidentemente va a requerir una mayor inversión e inyección de recursos en al área de salud pública, y una mejor cobertura de salud desde el área privada. La observación que tenemos es que el área de la salud mental está pobremente financiada tanto en lo privado como público; ya sea en las isapres o en Fonasa, las prestaciones son más bien limitadas. Es decir, se va a requerir mayor inversión de parte de la industria de la salud y de la salud pública, pero también mayor inversión en el desarrollo de equipos multidisciplinarios y en la dotación de espacios de infraestructura suficiente para atender la creciente demanda por problemas de salud mental en nuestro país. Por lo tanto, ese sería el último desafío: organizarse y demandar mayor inyección de recursos”.
¿Una buena ley?
Consultado sobre si esta es una buena ley, Carlos Clavijo responde: “La verdad es que a mi juicio, no. Y esto es un juicio compartido. Quienes participamos de este foro consideramos que esta no es una buena ley y que por cierto podría haber sido mucho mejor. Hay una serie de vacíos que identificamos, siendo de los más importantes los relativos a financiamiento, y los otros, cuestiones que tienen que ver con la multiculturalidad y algunos conflictos entre distintos cuerpos jurídicos, que dan cuenta de que la ley va a tener que ser modificada, para conciliar cuerpos jurídicos que son preexistentes”.
Sin embargo, añade, “si bien en general opinamos que no es una buena ley, es mejor tenerla que no tenerla, y esa es una de las conclusiones que sacamos en estos foros. Y que en general podemos considerarla como una buena oportunidad para potenciar y fortalecer la salud mental en nuestro país. No obstante, y reitero, es importante participar en la organización del trabajo y participar también en el desarrollo asociado a la construcción de estos reglamentos que van a permitir la implementación de la ley”.
Carlos Clavijo es psicólogo, magíster en Psicología Clínica, PhD en Psicología. Es director del Departamento de Psicología Clínica de la Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UV. La sesión que el profesor Clavijo moderó está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QB9qFX_cNPQ.